La mayor tendencia de los enfrentamientos son de origen socioambiental, detalla el estudio número 56 de la institución
La Defensoría del Pueblo dio a conocer su último reporte sobre los conflictos sociales del mes de octubre, donde informa que el número de protestas aumentaron de 177 a 189 en todo el territorio nacional. De este total el 70% (133) se encuentran activos y el resto 30% (56) en estado latente. También se informa que en el curso del mes se resolvieron tres casos.
La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría informó en una conferencia de prensa que durante el mes de octubre se registraron 15 casos nuevos, ubicados en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Tacna.
Se destacó que la mayor parte de los conflictos nuevos es de carácter socioambiental (seis casos). Le siguenn aquellos vinculados a asuntos de Gobierno Nacional (cuatro casos), entre otros.
Cabe destacar que se han registrado varios casos con diferentes grados de violencia, como los suscitados en Sicuani, Tacna, Moquegua y Cajabamba. A finales del mes, sin embargo, en dichos casos se observa una positiva evolución hacia el diálogo, con excepción de Tacna, en donde un sector de la población prosigue alentando y protagonizando medidas de fuerza.
Según el análisis de la Defensoría del Pueblo, la conflictividad social en el país encuentra su explicación en causas de fondo que tienen que ver con distintas formas de exclusión social que aquejan a gran parte de la población: desintegración social, fragilidad de la institucionalidad democrática y, sobre todo, hechos de corrupción que desmoralizan al ciudadano honrado. En ese escenario histórico se presentan problemas ciudadanos diversos y complejos que, al no recibir una atención oportuna, se precipitan en hechos de violencia.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha señalado que se debe superar la falla metodológica y organizacional en el abordaje sistemático de la conflictividad social por parte del Estado. "Su actual capacidad para manejar orgánicamente los conflictos es insuficiente y, cuando sobreviene la violencia -como fruto de la impaciencia, las posturas radicales y la falta de respuesta de la administración pública-, se habla de imponer o recuperar el principio de autoridad, cuando más hubiera valido no perderlo", subrayó la doctora Merino.
La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría informó en una conferencia de prensa que durante el mes de octubre se registraron 15 casos nuevos, ubicados en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Tacna.
Se destacó que la mayor parte de los conflictos nuevos es de carácter socioambiental (seis casos). Le siguenn aquellos vinculados a asuntos de Gobierno Nacional (cuatro casos), entre otros.
Cabe destacar que se han registrado varios casos con diferentes grados de violencia, como los suscitados en Sicuani, Tacna, Moquegua y Cajabamba. A finales del mes, sin embargo, en dichos casos se observa una positiva evolución hacia el diálogo, con excepción de Tacna, en donde un sector de la población prosigue alentando y protagonizando medidas de fuerza.
Según el análisis de la Defensoría del Pueblo, la conflictividad social en el país encuentra su explicación en causas de fondo que tienen que ver con distintas formas de exclusión social que aquejan a gran parte de la población: desintegración social, fragilidad de la institucionalidad democrática y, sobre todo, hechos de corrupción que desmoralizan al ciudadano honrado. En ese escenario histórico se presentan problemas ciudadanos diversos y complejos que, al no recibir una atención oportuna, se precipitan en hechos de violencia.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha señalado que se debe superar la falla metodológica y organizacional en el abordaje sistemático de la conflictividad social por parte del Estado. "Su actual capacidad para manejar orgánicamente los conflictos es insuficiente y, cuando sobreviene la violencia -como fruto de la impaciencia, las posturas radicales y la falta de respuesta de la administración pública-, se habla de imponer o recuperar el principio de autoridad, cuando más hubiera valido no perderlo", subrayó la doctora Merino.
Fuente: El Comercio
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